La Mala Educación

Me llegó la siguiente información y me pidieron que la comparta con Uds.  Se trata de algunos ejemplos de la democrática actitud y educación de la media campestre.

 

AMBIENTALISTAS EN GUALEGUAYCHU CONTRA LA SOJA
Diario El Día de Gualeguaychu

03 julio 2008 10:39:48

La Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (Cedha) auspicia, como organismo ambientalista no gubernamental, la difusión y lucha contra la siembra de soja
Con la firma de Jorge Daniel Taillant (esposo de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti) el artículo de opinión enviado a diario El Día señala lo siguiente:
“El eje del debate en el conflicto del campo se centró en la problemática de las retenciones móviles, sin embargo, la discusión debería ir más allá de lo meramente económico, e incorporar un análisis de las devastadoras implicancias para el ambiente y las personas que el modelo agrícola actual trae como consecuencia.
El debate sobre la soja y el modelo agrícola que ha tomado impulso en el país, dominado por la soja y el monocultivo de la misma, no es meramente un problema impositivo, de ingresos públicos, o un debate sobre cuánto debe ganar un agricultor, un exportador, o cuanto debe ingresar al arca pública. Entra en juego en la discusión las implicancias de seguir con un modelo agrícola basado en el avance del monocultivo de la soja.
Nuestro país es el tercer productor de soja en el mundo. La expansión de la frontera agrícola en la Argentina, motorizada fundamentalmente por grandes monocultivos de soja, ha producido una de las mayores transformaciones económicas, sociales, demográficas y ambientales, en la historia del país. La superficie sembrada de soja en 2007, con una nueva cosecha récord, alcanzó las 16.000.000 de hectáreas. Simultáneamente la tasa de desmonte de bosques nativos llegó, según índices oficiales, a superar varias veces el promedio mundial –con enormes impactos en la biodiversidad y en comunidades indígenas y tradicionales. En cuatro años, el desmonte creció casi el 42%. La tala y las quemas arrasaron más de 1 millón de hectáreas, la mayoría ahora con soja. En 2007 se perdía un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora. La flamante Ley de Presupuestos Mínimos (o Ley de Bosques) que más de un millón de argentinos reclamaron el año pasado, es un claro ejemplo de todo esto.
La profunda preocupación por la decisión que los legisladores estarán tomando en el congreso de la Nación en los próximos días sobre el incremento a las retenciones propuestas por el gobierno nacional a la exportación de soja y girasol, activó la alianza entre ciudadanos e instituciones dedicadas al bien público, a la promoción del desarrollo sustentable, de políticas públicas equitativas en materia ambiental, económica y social, así como a la defensa de los derechos humanos, quienes se están organizando para enviar su posición en el marco del debate en el Congreso.
Se advierte con preocupación, que son pocos los actores que participan del debate (principalmente medios de comunicación y ONG) y que son pocos los que están considerando la importancia de lograr que la Argentina establezca una política agraria sustentable, vinculada a una visión más estratégica y a largo plazo. El incremento de las retenciones a la soja puede ser un buen disuasivo para el sector a fin de que comience a replantearse el modelo del monocultivo y se busque uno más equitativo, más diverso, más conciente del patrimonio ambiental, más equitativo en la distribución de los beneficios, y sobre todo más sustentable”.

 

CAMPESINO DETENIDO POR DENUNCIAR ROBO
El Día de Gualeguaychu, Argentina, 2-7-08
El campesino Miguel Rodríguez, de 67 años y en delicado estado de salud, integrante de la Central Campesina de Pinto del departamento Aguirre, Mitre y Salavina, fue detenido el 24 de abril a la noche cuando intentó denunciar el robo de animales por parte de un empresario sojero y su guardia privado. En una acción de mundo al revés, en lugar de tomarle la denuncia, la policía local –al servicio de los grandes hacendados- detuvo al integrante del Mocase-VC y ordenó la detención de otros diez.
Miguel Rodríguez vive desde siempre en la misma tierra. Pero desde hace 8 años padece las amenazas, matanza de animales y violencia por parte del terrateniente Claudio Trono y su guardia privada Daniel Queen. Justamente éste triste personaje robó, a mediados de abril, una veintena de chanchos de Rodríguez. El jueves 24 de abril, Rodríguez salió de su rancho, recorrió 30 kilómetros hasta el pueblo de Pinto. Y llegó hasta la comisaría con la intención de denunciar el robo. Luego de hacerlo esperar cuatro horas, y sin siquiera tomarte testimonio, le comunicaron que quedaba detenido e incomunicado por orden del Juez Álvaro Mansilla, de Añatuya, por una denuncia del 2007 realizada por paramilitares. Está acusado de "robo calificado" por defender su propia tierra.
Rodríguez lleva 20 días detenido por causas inventadas . La cuestión de fondo es la complicidad entre policías y empresarios, que quieren despojarlo de su tierra.
Durante estos días, el Juez Mansilla, solo mostró su falta de voluntad para realizar indagatoria, tomándose días libres luego del 1 de mayo presentando ficha médica, mientras tanto Miguel Rodríguez, alojado en la comisaría de Añatuya, nunca fue atendido por un médico, descuidando su endeble estado de salud (sufre alta presión arterial e insuficiencia cardiaca.
or su parte, el Ministerio de Justicia de la Provincia, no ha dado ningún tipo de respuesta a este problema puntual y otros tantos que como Movimiento Campesino venimos denunciando permanentemente. Su única respuesta fue "vengan a la capital para pedir una audiencia con la asesora", "solo pueden asesorar y no intervenir en el caso porque no tienen ninguna ingerencia".
En Santiago del Estero las prácticas de amedrentamiento contra las familias campesinas e indígenas para ser expulsada de sus territorios ancestrales, sigue siendo una moneda corriente: terratenientes que contratan paramilitares, con la complicidad de policías y jueces, como Álvaro Mansilla y otros que responden a los intereses de empresarios tomando decisiones que violan el derecho de los campesinos e indígenas.
El Gobierno en vez de apoyar a los monocultivos de soja, debiera apoyar a la producción de alimentos, la agricultura y ganadería campesina indígena sostenible.
Como Mocase-VC exigimos la inmediata libertad del compañero Miguel Rodríguez y que sea investigado y removido de su cargo Álvaro Mansilla. Para reforzar esto, nos manifestamos pacíficamente hoy frente al juzgado de Añatuya.
Llamar pidiendo informe al Juez Álvaro Mansilla 03844-421090
Ministerio de Justicia de la provincia- secretaria de Daives 0385-154155043128
Contactos Secretaría de Comunicación de MOCASE-VC 03843-421195/ 15400980 / 15456493E-mail: mocase.vc@gmail.com

 

EATAFAN A FAMILIA DE PRODUCTORES
Estafa a familia de agricultores
Despojo a la vista de todos
Por Alejandra Dandan
“Me quitaron todo, me sacaron los alambres, los postes, las puertas, las piletas de los baños, los portones, se llevaron todo. Nos quemaron la casa de madera, nosotros le decimos la casa rancho, ahora le largaron fuego. El corral también lo quemaron. Le abrieron las puertas a los chanchos y quemaron todo. Los vecinos también vieron cómo sucedía y conocen toda la historia, a cualquiera le podés preguntar. Yo estoy diciendo la verdad.”
El testimonio recogido por la agencia de noticias Naciente, en 2004, pertenece a Walter Quiñones, integrante de una familia de medianos productores de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero. El 7 de mayo de ese año, la familia sufrió el último de una serie de intentos de desalojo que habían empezado un año antes. Empujados por una denuncia de Carlos Alberto Peiretti, productor santafesino y a la sazón integrante de la Federación Agraria, la Justicia había salido a buscarlos.
De acuerdo con las denuncias promovidas desde entonces por la familia, el desalojo empezó con el armado de una estafa. “Los Quiñones tenían una relación comercial y de confianza con quienes terminaron estafándolos”, explica en este caso Luis Horacio Santucho, abogado de la familia. “Ellos le proveían los insumos para la siembra y los Quiñones trabajaban la tierra, pero con el paso del tiempo la familia se endeudó. Cuando murió el padre de los Quiñones, esa gente obligó a la familia a firmar una serie de papeles, entre ellos había un poder general para un abogado de apellido García que, supuestamente, debía iniciar las acciones legales contra el asesino del padre.” Pero García, al parecer, no utilizó el poder para eso, sino para abrir un juicio sucesorio confabulado con otros dos abogados. Así, la deuda de los Quiñones, que al comienzo era de 20 mil pesos, pasó a ser de 200 mil dólares, y con eso les sacaron la casa.
En el curso de la causa judicial, a esta altura, está probada la falsificación, el modo en el que se organizó la estafa y la fabricación de una escritura que luego les permitió vender las tierras. Unas 450 hectáreas en esa localidad. En la cadena de responsabilidades están los abogados, el escribano y un empresario. Fueron los que vendieron las tierras a distintas personas, entre ellas a un norteamericano, un belga y a los hermanos Peiretti de Santa Fe.
“Yo los tomo por responsables –dice Santucho– porque ellos fueron los que empujaron el desalojo.” Peiretti empezó el expediente judicial en 2004 y la causa señala a Walter Quiñones y otros por usurpación de propiedad y desobediencia judicial. En los papeles, el productor santafesino asegura haber comprado los campos el 15 de diciembre de 2003, por eso reclamó esas tierras. Hoy, los Quiñones están viviendo en Los Juríes, fuera de las tierras donde los nuevos dueños viven de las plantaciones de soja. La causa judicial sigue abierta. Según Santucho, la familia todavía sueña con volver.

EMPRESA DE GRANOS EVADE IMPUESTOS USANDO INDIGENTES
Re: gracias. Re: gracias.
Evasión utilizando indigentes
Piratas cordobeses
La Justicia federal de la ciudad cordobesa de Río Cuarto resolvió dictar el procesamiento y la prisión preventiva de la ex funcionaria municipal María Pía Cardoso y del policía Miguel Petitti, por su presunta vinculación con maniobras de evasión impositiva mediante la utilización de personas de escasos recursos. La investigación judicial determinó que un grupo de personas eran utilizadas para cobrar cheques cuyos montos eran descargados posteriormente como gastos y servían para que empresas del sur cordobés, dedicadas a la venta de granos, pudieran evadir impuestos.
La investigación del caso comenzó el pasado 26 de noviembre a raíz de un curioso episodio ocurrido en la sucursal Río Cuarto del Banco Francés, donde una mujer carenciada –Nilda Romero–, que habría sido llevada hasta el lugar por Cardoso, intentó mostrarle a su hijo un cheque por 40.000 pesos que le habían hecho firmar. Con la promesa de recompensarlos con el otorgamiento de sendas pensiones, los indigentes eran utilizados para firmar “papeles en blanco” que en realidad eran permisos de exportación de granos con los que, aparentemente, esas empresas montaban las maniobras de defraudación al fisco, según informaron fuentes judiciales cordobesas.
Cardoso, quien se desempeñó como titular de la Oficina de Saneamiento de Títulos de la Propiedad de la Municipalidad de Río Cuarto, está imputada como supuesta coautora de asociación ilícita fiscal agravada. Sobre ella cayó un embargo de 50.000 pesos. La medida judicial, que incluye el procesamiento de otras tres personas, fue adoptada por el juez federal subrogante Oscar Valentinuzzi. El procesamiento y prisión preventiva involucran asimismo al policía Petitti, acusado bajo el cargo de ser el supuesto coautor de asociación ilícita fiscal, con un embargo por 15.000 pesos.
Valentinuzzi dispuso además el procesamiento de Claudio Fabián Giles, de Hugo Alfredo Aguero –por sus conexiones políticas en el caso– y de Vanesa Romina Moyano, por considerarlos supuestos partícipes necesarios de asociación ilícita fiscal

AMENAZAN A DIPUTADA POR LA LEY DE RETENCIONES
From: Pedro Poi
To: cbernazza@diputados.gov.ar
Sent: Friday, June 27, 2008 8:57 AM
Subject: RETENCIONES AGRO ------OJO.....
CLAUDIA
Sos muy linda para ser una CIPAYA de estos MONTONEROS.
Te estamos vigilando todos y cada uno de tus pasos.
Es muy linda tu casa para que se incendie.
Queremos a los tuyos, a los que vos mas queres, que lindo son ?????
ES TU OPORTUNIDAD PARA DECIRLE NO A TUS JEFES PODRIDOS DE LOS KIRCHNER,
JUGATE VOS Y TODOS LOS QUE A CONTINUACION ESTAN MARCADOS A FUEGO:
"ESTO ES MAS GRANDE DE LO QUE UDS. PIENSAN"
CANTERO GUTIERREZ, ALBERTO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ CORDOBA
WEST, MARIANO FEDERICO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ BUENOS AIRES
SCIUTTO, RUBEN DARIO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ TIERRA DEL FUEGO
BERNAZZA, CLAUDIA ALICIA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ BUENOS AIRES
BERRAUTE, ANA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ SANTA FE
PAREDES URQUIZA, ALBERTO NICOLAS FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ LA RIOJA
SOLANAS, RAUL PATRICIO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS
CARMONA, MARIA ARACELI FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ CORRIENTES
GARCIA, IRMA ADRIANA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ LA PAMPA
ILARREGUI, LUIS ALFREDO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ BUENOS AIRES
VIVA EL CAMPO.....MUERAN LOS CIPAYOS

Sobre cacerolazos y paros patronales

Campesinos (en serio) y Abogados

El campo era otra cosa

La realidad “que no se muestra por televisión”, como la definieron, se hizo oír en Diputados. Organizaciones campesinas, indígenas y agricultores familiares se pronunciaron a favor de las retenciones.

Por Sebastián Premici

“Venimos a ocupar el espacio que nos corresponde como productores de este país. Hay una realidad del campo que se muestra por televisión y otra que no. Somos la quinta voz del campo y queremos ser parte del desarrollo productivo del país”, expresó Rigoberto Lagos, un campesino del Alto Valle de Río Negro, que estuvo acompañado en el plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto de Diputados por integrantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, pequeños productores y agricultores familiares. En representación de la Mesa Nacional de Pequeños Productores (proyecto que está en proceso de formación) habló Osvaldo Lovey, de las Ligas Agrarias del Chaco, mencionado en su momento como posible titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, creada en marzo de este año.

“Apoyamos la política de recuperación económica del gobierno nacional. Apoyamos el esquema de retenciones móviles pero con reintegros. Es fundamental el involucramiento del Estado frente a una actividad donde se da una alta concentración”, manifestó Lovey frente a los legisladores, que a diferencia de lo ocurrido el martes, esta vez escucharon con atención a los campesinos. No ocurrió lo mismo con los productores presentes, muchos de los cuales prefirieron no escuchar las palabras de agricultores familiares. Será porque hablaron a favor de las políticas nacionales o porque criticaron el modelo expansivo de la soja, oleaginosa que está en el centro de la discusión. “Nada que sale de la soja queda en nuestro pueblos”, describió a PáginaI12 Beatriz Centeno, una campesina jujeña que, luego de haber hablado ante la comisión, recibió un llamado desde Jujuy. Entre llantos, pudo decir a su interlocutor: “Hay mucho todavía por hacer, no tenemos que aflojar”.

–¿Por qué cree que recién ahora los están escuchando? –le preguntó este diario a Centeno.

–Había muchos reclamos, pero estaban dispersos. Ahora queremos que la unión sea la fuerza. Jujuy vive a la sombra de Salta y Bolivia, queremos ser escuchados. Acá (por la ciudad de Buenos Aires) es donde se define todo. Si necesitamos volver, lo haremos –respondió la campesina.

Si en la Cámara de Diputados existiese un aplausómetro, las diferencias quedarían a la luz. Cada vez que un diputado de la oposición, un empresario o un productor dicen algo relacionado con la Resolución 125, la sala se unifica en aplausos (salvo del lado del oficialismo). En cambio, cuando los pequeños campesinos, que recién ahora son reconocidos como un actor dentro de este conflicto, exponen su posición, los aplausos son mudos. “Cuando no haya más animales, ni peces, el hombre comprenderá que no puede comer dinero”, concluyó Centeno durante su presentación, citando un párrafo de El Principito.

Posición de abogados

Por Beinusz Szmukler * y Eduardo Tavani **

El actual debate en torno de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, nos obliga a formular las siguientes precisiones:

1

Los artículos 4 y 75.1. de la Constitución, cuando se refieren a “derechos de importación y exportación”, involucran a los impuestos y tasas aduaneras, y deben ser establecidos por ley, conforme los arts. 4, 17, 52 y 75 incs. 1 y 2, de nuestra Ley Suprema. Si bien el legislador define la política legislativa, ello no obsta a que autorice al Poder Ejecutivo a completarla a través de reglamentos de integración o delegados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la legislación delegante, de mediar “una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución”.

2

La norma delegante que habilitó al Poder Ejecutivo a incrementar las retenciones, está presente en el art. 755 del Código Aduanero, que las admite para “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales, estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno”. Esa delegación legislativa tiene vigencia por las prórrogas sucesivas de la disposición transitoria 8ª de la Constitución Nacional.

3

El tope del 33 por ciento, establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, para la imposición a la renta, a las sucesiones, a los inmuebles rurales, no resulta aplicable en materia de impuestos indirectos y/o de aquellos que cumplen una función extrafiscal, de regulación económica y social, como es el caso de los impuestos aduaneros a la importación y exportación, o destinados según el alto tribunal al “desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas”. (“Fallos” 243:98). En materia aduanera, cabe recordar el precedente “Montarcé” (1974, “Fallos” 289:443), en el que estableció que no es aplicable el tope del 33 por ciento, cuando hay “razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar”. La función declarada de las retenciones móviles a las exportaciones es sustantivamente económica y social, debe dirigirse a desalentar el monocultivo como factor degradante de la tierra, recurso natural estratégico de la República, y a evitar la estampida de los precios internos de los bienes de consumo popular, desacoplándolos de los internacionales. El impuesto a los beneficios extraordinarios ha tenido pacífica acogida jurisprudencial y doctrinaria, con sustento en la cláusula constitucional de progreso económico con justicia social.

4

La constitucionalidad o no de la Resolución 125, modificada por la 141, y de la delegación legislativa dispuesta por el Código Aduanero, debe ser resuelta por el Poder Judicial, en cada caso concreto, tal como ya ha sucedido en primera instancia por decisión de la jueza Liliana Heiland, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 10, en la causa caratulada “Gallo Llorente, S.E. y otro c/EN-Mº Economía -Resol. 125/08 (dto. 2752/91) s/Amparo ley 16.986, Expte. Nº 8.324”, que se encuentra apelada por ante la Cámara del fuero.

5

La decisión del Poder Ejecutivo de remitir al Congreso Nacional un proyecto sobre la cuestión aparece como un plausible intento de desactivar la tensión imperante y una contribución al diálogo.

6

Con independencia de las opiniones que puedan merecernos la política gubernamental en general, y en especial respecto del manejo de este conflicto, denunciamos la ilegalidad que implica el ejercicio del “poder de policía”, y el de funciones policiales por parte de quienes, arrogándose potestades que no poseen, han ejercido inusitadamente el “control” del transporte de bienes, productos y personas, imposibilitando el traslado de productos alimenticios y de medicamentos destinados a abastecer a la población en general, así como también respecto de insumos indispensables para el normal funcionamiento del aparato productivo del país.

7

Si bien las medidas dispuestas por las entidades rurales exceden la definición del lockout es evidente que fueron dirigidas contra el Estado Nacional y con afectación directa al conjunto de la sociedad. Señalamos que no existe norma alguna ni aquí ni en terceros países que las reconozca como un derecho, y en muchos Estados es una práctica prohibida.

8

La metodología del reclamo sectorial tiene características desestabilizadoras. La apología efectuada, alentando un obrar fuera del estado de derecho, conlleva a una repudiable situación de gravedad institucional. Su objetivo prioritario es evitar que por medio de las retenciones móviles se establezca un límite a su tasa de ganancia.

9

Consideramos necesario que la decisión que adopte el Congreso Nacional sea respetada. En tanto, el Poder Ejecutivo debe aplicar la legislación vigente que asegure el abastecimiento a la población de los productos básicos destinados a su subsistencia, al igual que los que sean necesarios para la actividad productiva.

10

Estimamos, al mismo tiempo, impostergable la elaboración de un plan agropecuario nacional inclusivo, que discutido con todos los interesados, garantice los derechos de los trabajadores agrarios y de los productores nucleados en el Frente Nacional Campesino.

11

Propiciamos una política de desarrollo económico-social equitativa, que valiéndose de los ingresos provenientes de una reforma tributaria integral, modifique sustancialmente la distribución del ingreso para terminar con la pobreza y la marginación de millones de conciudadanos.

12

Calificamos como un crimen que haya millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza y que muchos aún padezcan hambre, cuando la producción de alimentos en la Argentina, supera en más de diez veces el número de sus habitantes.

* Presidente y ** Secretario general de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

MOCASE : Algunas memorias ante las protestas del “campo argentino”

1. Nosotros, miembros de comunidades indígenas, campesinas y campesinos organizados en territorios, hacemos memoria de que la Tierra es un bien aún lleno de vida diversa, donde la humanidad y los pueblos quieren desarrollar los sentidos de la existencia.

2. Las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales vienen imponiendo a los pueblos y países un modelo de producción alimentaria cuyo único objetivo es la rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos con la complicidad activa de gobiernos, empresarios y, en el caso del “paro del campo”, de los miembros de las cuatro entidades agropecuarias de Argentina.

3. El doble discurso de los dirigentes de la FAA los ha llevado a un callejón sin salida. Sus prácticas reproducen el modelo de saqueo y contaminación tanto de la tierra, los territorios, como así también de su mentirosa pretensión de representar las luchas más genuinas de los movimientos campesinos en Argentina.

4. Este modelo neoliberal, de saqueo y contaminación, reproduce nuevas formas de colonización y genocidio. ¿Qué hicieron estas entidades cuando en la etapa menemista del neoliberalismo más salvaje desaparecían más de 200.000 unidades familiares de producción agraria?

5. ¿Qué han hecho y hacen esas entidades agropecuarias ante los asesinatos, cárceles, persecuciones, torturas y enfrentamiento con paramilitares y topadoras que sufren hoy miles y miles de familias de pueblos originarios y campesinos?

6. Dicen hacer el paro por el No a las retenciones y No a la desaparición de los pequeños y medianos productores, pero algunos empresarios y productores que han contratado matones para desalojar pequeños y medianos productores son miembros de esas entidades.

7. Rescatamos algo positivo de este paro de las entidades agropecuarias y sus miembros: se sacaron la careta de luchadores por un modelo de país digno, justo y para todos. Mostraron su verdadero rostro: creen que el país es para unos pocos que obedecen los dictámenes de las grandes corporaciones transnacionales de la alimentación.

8. Estamos de acuerdo en algo: el dinero de todos los impuestos tendría que estar controlado por todos, porque todas y todos pagamos impuestos en la Argentina, no sólo los productores y empresarios del campo. Proponemos mecanismos de participación directa tanto de cómo producir riqueza como de la distribución de la misma.

9. Como un primer paso de acuerdos y consensos proponemos que el extra de las retenciones sirva para que no desaparezcan los pequeños y medianos productores, artesanos, artistas, deportistas, etc. Que esos fondos preparen el proyecto de una Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria. Estaticemos las exportaciones, que no queden más en manos de las grandes corporaciones transnacionales.

10. Con Vía Campesina decimos que la respuesta a la crisis global del precio de los alimentos: la Agricultura Familiar Sostenible puede alimentar el mundo. Los alimentos no pueden ser objeto de ganancias ilimitadas. La biodiversidad es una riqueza de los pueblos.

11. Las organizaciones de campesinos, miembros de Vía Campesina, declaran que todos los acuerdos de libre intercambio tanto bilaterales como bi-regionales, llámense Tratados de libre comercio, Acuerdos de libre comercio o Acuerdos de partenariado económico, comparten la misma naturaleza. Estos acuerdos suponen un saqueo de los bienes naturales y sólo benefician a las empresas multinacionales, en detrimento del conjunto de los pueblos del mundo y el medio ambiente.

Secretaría de Comunicación del MOCASE VC

Rotonda Sur, ruta 116 – C.P. 3740 Quimilí - Tel/Fax: + 54 3843 421195 / + 54 3843 421747

Correo electrónico: sachayoj@gmail.com

Santiago del Estero - ARGENTINA

CON PRONTUARIO

Hace unos días las Madres denunciaban que productores avícolas de la provincia de Buenos Aires mantenían en condiciones de esclavitud a familias, que obligaban a dormir sobre excrementos. Hombres, mujeres y niños sometidos por la codicia. Asimismo han denunciado reiteradamente el uso de banderilleros, niños que sostienen una bandera para marcar los terrenos que serán regados con pesticidas por los aviones, en el proceso los niños también son bañados con estos venenos. 

A nuestros venerables productores agroexportadores cuyo linaje los vincula al genocida Roca, no parece importarles la salud ni mucho menos la libertad de sus trabajadores, pero claro desde esa particular visión de la nacionalidad ellos se autotitulan "la nación".

Así es también que los campesinos del MOCASE, que luchan por la posesión de sus tierras, posesiones ancestrales, que hoy se encuentran en constante conflicto con los latifundistas sojeros, que con el apoyo del poder judicial obtienen ilegítimamente títulos sobre esas tierras e inician el desmonte junto con el desalojo de sus humildes pobladores.

Es en ese marco que Miguel Rodríguez  padece hace 8 años amenazas, matanza de animales y violencia por parte del terrateniente Claudio Trono y su guardia privada Daniel Queen.

Queen, habría robado a mediados de abril una veintena de chanchos de Rodríguez. El jueves 24 de ese mismo mes, Rodríguez salió de su rancho, recorrió 30 kilómetros hasta el pueblo de Pinto a la comisaría con la intención de denunciar el robo. Allí lo lo detuvieron e incomunicaron por orden del Juez Álvaro Mansilla, de Añatuya, por una denuncia del 2007 realizada por paramilitares. Está acusado de "robo calificado" por defender su propia tierra. Rodríguez ha permanecido detenido por veinte días, y hoy se encuentra en delicado estado de salud sin que el juez Mansilla se haya interesado por él.

Llamar pidiendo informe al Juez Álvaro Mansilla 03844-421090
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