"Haraganes, ¡aléjense de las rutas y vayan a laburar!"

Mientras se discuten las retenciones en el Congreso y durante estos 100 días de paro se escucharon las voces de las 4 entidades y la para - entidad de los "autoconvocados", el resto del campo fue enmudecido y acallado, como si lo único que hubiera en el campo es soja. Los pequeños productores de Vía Campesina y otras organizaciones en formación empiezan a hacer escuchar su voz. Estos artículos de Página 12, plantea otras realidades, alejadas de los intereses de los agroexportadores.

 

Que la soja no tape la realidad del campo

En la misma región donde De Angeli saltó a la fama defendiendo la renta sojera, un grupo de productores busca organizarse para hacer oír su problemática, muy distinta a la que expresan Sociedad Rural y compañía. “En los ’90 nos echaban de las rutas.”

Por Cristian Carrillo

En plena confrontación entre un sector del campo y el Gobierno por las retenciones móviles, un grupo de productores disidentes busca diferenciar su reclamo de las cuatro entidades ruralistas. Son pequeños latifundistas que pretenden asociarse y dar forma a una “quinta entidad” que los represente, como alguna vez lo hizo la Federación Agraria antes de unirse a un reclamo ajeno, como el de la Sociedad Rural o Confederaciones Rurales. Con sus chacras rodeadas por amplias extensiones con soja, productores de zonas clave donde se exteriorizó con más intensidad el conflicto rechazan la metodología de la protesta que impulsó la Mesa de Enlace y quieren que la agenda agropecuaria sea más amplia que las retenciones. El sábado último se reunieron en la Casa de la Cultura de La Paz y participaron allí centenares de productores y delegados de los municipios Ombú y San Pedro, junto con representantes del departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos. Apuestan a construir una alternativa a la dirigencia tradicional del sector agropecuario

Héctor Ramón Mendieta es minifundista de La Paz y encabeza este movimiento. En diálogo con PáginaI12 aseguró que en los ’90 no tuvieron la oportunidad de organizarse, pero que la posición de las cuatro entidades en “defensa de la renta sojera” les da una nueva chance. Dueño de 70 hectáreas que heredó de su suegro, nativo del lugar, encabeza lo que él define como una “patriada”, que comienza a nivel provincial y reproduce experiencias similares del resto del país. Más de 300 entidades de pequeños productores ya están asociadas en el Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonas). Mendieta reconoce el apoyo de productores que estuvieron en la Federación Agraria Argentina. Incluso recuerda a un Eduardo Buzzi comprometido en los cortes de rutas de los pequeños productores. “Era la década del ’90 y recibimos los coletazos de la corriente del Niño. A mí se me volaron las chapas de la casa y salimos a pedir un subsidio. Pero lo que no me voy a olvidar era a los grandes productores que nos gritaban: ‘haraganes, ¡aléjense de las rutas y vayan a laburar!’”, recuerda.

Ahora asegura que, al conformarse la nueva entidad, se presentó como pequeño productor para colaborar y nunca fue citado por la conducción de la FAA. “¿Será porque a este nivel no es la misma que la del Grito de Alcorta y del pensamiento progresista, sino que quedó atrapada por ideas conservadoras?”, se preguntó. Mendieta insiste en que “el campo no son las cuatro entidades”, para precisar que “el pequeño productor y minifundista no está representado por ellos ni por el modelo agropecuario implementado durante la década pasada”.

Las localidades entrerrianas de La Paz, Federal y Feliciano son las últimas reservas de monte nativo de la región. Mendieta explica que el monocultivo de soja redujo a un 5 por ciento esa área inexplorada. Hasta que se impuso la “moda” de la soja transgénica y la siembra directa a través de un paquete tecnológico que se importó de los Estados Unidos, se obtenían unos 2000 kilos por hectárea, pero la tierra no era agredida y no había una ruptura del ecosistema. “Con la implementación del nuevo sistema se produce un quiebre total; hay contaminación agraria y casos de cáncer entre la gente que trabaja en las fumigaciones de los campos”, indicó a PáginaI12 el productor.

Mendieta relata uno de los casos. Un pequeño productor que trabajaba para la cerealera Sembro Oeste –de quien por razones obvias prefiere no dar su nombre– es diagnosticado con cáncer prostático. “Es una persona de la zona que trabajaba para mi socio”, señaló. Un especialista de la localidad de Cerrito hizo un estudio de la región sobre casos de cáncer por contaminación agroquímica, exfoliantes e insecticidas. En todos, muestra una alta correlatividad entre causa y efecto. El caso de este hombre se suma al de Marta Cian Marta, de Libaros, un pueblo de 220 habitantes rodeado de cultivos de soja. Hace más de cuatro años comenzó a sufrir malestares. Los doctores le preguntaron si había manipulado algún veneno, ya que tenía signos de intoxicación. Nunca pudo obtener un certificado real sobre su problema ni revertir la situación en su pueblo para frenar las fumigaciones con agrotóxicos. “A los que fumigan no les dan mayor vestimenta que pantalones cortos y alpargatas para estar metidos en la cosecha. No hay cuidado de los grandes productores, a los que nunca les interesó el negro”, definió con crudeza Mendieta, orgulloso de pertenecer al grupo de las manos en la tierra.

El avance de la soja lleva entonces a que mucha gente deba irse de sus hogares, no sólo por no tener lugar para sus cultivos sino además para evitar ser intoxicados por los aviones que fumigan, incluso, sobre las casas en los alrededores. En tanto, los trabajadores reciben entre 500 y 1000 pesos por su labor. Sólo aquellos que tienen la suerte de estar “en blanco”, el resto lo hace por la comida y alguna mercadería que le dé el patrón de la estancia. “El otro día, en una reunión que hubo acá en el municipio, a los integrantes de las grandes entidades les pregunté si estaban dispuestos a pagar los sueldos a niveles internacionales si se globalizaban los precios de los granos, como se hace en todo el mundo con sus peones; siguen sin contestarme absolutamente nada”, comentó con ironía Mendieta.

Sostiene que en ese esquema aparece la discusión de la retenciones a la exportación de granos y la pelea por la renta sojera, mientras se deja de lado la necesidad de cambiar el modelo agropecuario actual. Los pequeños chacareros no entienden por qué no se habla de estos problemas, dado que pronostican que con el actual modelo en 20 años las tierras “no van a servir para nada”. El tema del precio de los alimentos es también un punto sobre el que hacen foco a la hora de justificar la implementación de algún tipo de retenciones. “Si tuviésemos precios internacionales de los granos, los precios internos también tendrían que estar globalizados”, coinciden. Pone como ejemplo que un litro de aceite de girasol valdría 40 o 50 pesos, un kilo de pan 15 pesos y la carne a 100 pesos; mientras que los costos internos no son los mismos que en el resto del mundo.

En Entre Ríos, los pequeños productores tuvieron que salir en defensa del Municipio de La Paz que fue “asaltado tres veces por los grandes productores para que el intendente defina su posición a favor del campo grande. No nos sentimos representados por gente que te ofrece alquilar la tierra por diez o doce quintales. Te ofrecen no laburar. Ese no es el modelo que planteamos para país”, definió Mendieta.

“¿Por qué no te dejás de joder, alquilanos la tierra y te vas a vivir al pueblo con todas la comodidades, te comprás tu buena camioneta y vivís con los 60 o 70 mil pesos al año que te damos? ¡Mirá que es buena plata!” Así de directo y sintético transmite que es el argumento que los grandes productores e inversores financieros esgrimen a la hora de convencer a los minifundistas para que les alquilen sus tierras. No escatiman en la oferta y, en muchos casos, tientan a los dueños de las chacras con el pago por adelantado, una costumbre poco usual en la actividad rural. Sin embargo, un grupo de productores de Entre Ríos que están lejos de los intereses expresados por la Mesa de Enlace y mucho más de las posiciones del mediático Alfredo De Angeli no piden grandes inversiones; con 100 mil pesos para comprar maquinaria usada (tractores y trilladoras que descartan los grandes) prometen obtener la misma rentabilidad que les ofrecen las corporaciones, pero, sobre todo, trabajando.

 

 

Federación Agraria se desgaja

Pedro Cerviño era hasta la semana pasada el jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la entidad que encabeza Eduardo Buzzi. Es una figura emblemática del modelo de agricultura familiar, opuesto al monocultivo. Sus razones y quiénes lo siguen.

Por David Cufré

“Hay momentos donde los objetivos ya no son los mismos”, se lamenta Pedro Cerviño, un “cuadro” histórico de la Federación Agraria que acaba de dejar su puesto como jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la entidad. “Fue de común acuerdo”, asegura el dirigente. Cerviño llevaba al seno de la cámara que conduce Eduardo Buzzi la voz de los pequeños campesinos que no participan de la fiesta de la soja, sino más bien la padecen. Productores de cinco, diez o veinte hectáreas que se dedican al cultivo de maíces, porotos, hortalizas, batata, calabaza y zapallo, entre otros, y a la cría de llamas, ovejas, cabras, chanchos, pollos y vacas lecheras. Su vida y su cultura se encuentran atadas a la producción de alimentos. Pero están en competencia directa con el modelo de agronegocios reinante, que los desplaza para ocupar sus tierras con soja. Las autoridades de Federación Agraria eligieron unirse a Sociedad Rural y dar la pelea por quienes están volcados de lleno al monocultivo. Eso les está provocando el desgajamiento de sus bases ligadas a la agricultura familiar y de figuras como Cerviño.

“La Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus intereses”, sentenció Cerviño en diálogo con PáginaI12. “No puede representarnos porque defendemos modelos de desarrollo agropecuario distintos. No tenemos nada que ver con Sociedad Rural y Confederaciones Rurales”, insistió.

–¿Cómo quedó su relación con Federación Agraria?

–Nuestros objetivos ya no son los mismos. En el pasado hemos coincidido y otras veces disentimos. No voy a hablar mal de nadie. Cada uno debe actuar de la manera que lo crea mejor.

Cerviño comprobó la diferencia de estar de un lado o del otro. Fue el último martes en el Congreso. Diputados de Coalición Cívica, PRO y el radicalismo se sumaron al coro de productores sojeros que les gritaban a él y a otros representantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonas) para que se callaran y dejaran que las comisiones de Agricultura y Presupuesto se ocuparan sólo de la Resolución 125 de retenciones móviles. No tuvieron la oportunidad de exponer su problemática y sus reclamos al Gobierno como lo habían hecho un día antes –con un silencio reverencial de los diputados– los presidentes de las cuatro entidades ruralistas y Alfredo De Angeli.

Lo que tenían para decir, cuenta Cerviño, es que las retenciones móviles actúan como un freno a la sojización, sobre todo en las provincias del norte argentino y en regiones y campos donde sería más rentable social y económicamente volcarse a la producción de alimentos. Pero también que el incremento en los derechos de exportación a la soja no resuelve todo el problema ni mucho menos, sino que se requiere que el Estado lleve a la práctica una política muy activa de incentivo de otras producciones. “Es la forma de garantizar la soberanía alimentaria”, opina el dirigente, quien fue al Parlamento en su condición de coordinador nacional del Fonas. Esta entidad agrupa a unas 300 organizaciones de todo el país de “pequeños productores, minifundistas, chacareros, colonos, medieros y comunidades de pueblos originarios”, como ellos mismos se definen.

Entre ellas figuran el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), una de las líneas del Mocase (de Santiago del Estero), Cirujas (de La Matanza, en el conurbano bonaerense) y el MAN (Movimiento Agrario de Misiones). Esta última entidad es asociada a Federación Agraria y también se encuentra en conflicto con Buzzi y compañía. De Angeli los descalificó semanas atrás, cuando dijo que se oponían al lockout de las cuatro entidades porque el Gobierno les ofreció ayuda. “No sé qué les ofrecieron y se fueron con ellos”, atacó. “Un arrendatario de 650 hectáreas en Entre Ríos no es un pequeño productor”, le devolvió Benigno López, titular de Mocafor.

“Las retenciones móviles son necesarias para frenar el avance de la soja. No tiene sentido que se la siembre en provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con bajísimos rindes. Y encima se quejan. En esa zona debería haber producción animal y alimentos para el consumo”, explicó Cerviño. Pero agregó que al mismo tiempo se requiere de una batería de incentivos públicos a la agricultura familiar. “Hacen falta políticas de infraestructura, de salud, de vivienda, de educación y de inversión para agregar valor”, detalló. Por ejemplo, dijo, habría que desarrollar una red de pequeños frigoríficos estatales para que los productores de llamas, cabras o corderos puedan faenarlos allí y no entregarlos a intermediarios a precios de remate.

“No queremos que los productores faenen en el fondo de su casa en condiciones antihigiénicas, sino que tengan un lugar adonde hacer chacinados, carne envasada y demás productos con valor agregado”, graficó Cerviño. “Necesitamos plantas de transformación para que el productor en lugar de vender aceitunas a granel comercialice aceite de oliva, o para transformar la harina en trigo, para disecar y empacar hortalizas. Plantas procesadoras para seleccionar y fraccionar. Todos estos procesos son indispensables para frenar el avance de la soja”, completó.

Cerviño no encontró espacio para seguir con esa prédica desde Federación Agraria. “Nosotros representamos el 70 por ciento de unidades agropecuarias del país, según datos del último Censo Nacional Agropecuario. La agricultura familiar maneja el 13,5 por ciento de toda la superficie cultivada de la Argentina, y genera el 20 por ciento del producto agrario. No se puede discutir que somos un sector más eficiente que el de agronegocios para la exportación de commodities”, desafió.

El dirigente reivindicó el trabajo de los últimos cuatro años. “El Fonas se fue organizando desde las sombras y ya logramos que la Secretaría de Agricultura nos reconozca como un espacio de diálogo y concertación de políticas, a través de una resolución de diciembre de 2005. También conseguimos que el Gobierno anunciara la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, para la que estamos pidiendo una asignación de recursos de 1500 a 2000 millones de pesos para encarar las inversiones que necesita la agricultura familiar. Y logramos la creación de un registro nacional de agricultores familiares que debería habilitar políticas diferenciadas para el sector”, puntualizó.